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Vialidad: la corte suprema de justicia ordenó que Cristina Kirchner y otros condenados devuelvan más de US$ 500 millones
Peritos de la Corte Suprema de Justicia actualizaron el monto que deberán devolver todos los condenados del caso Vialidad en forma solidaria -entre todos-. La cifra de $85 mil millones que se había determinado en la sentencia en el 2022, fue ajustada ahora a $684.990.350.139,86 (unos 540 millones de dólares al cambio actual).
La cifra del informe deberá ser ahora evaluada por los miembros del Tribunal Oral 2 (TOF 2), que condenó a la ex presidenta y al resto de los implicados, en un fallo confirmado por la Cámara de Casación Penal y por la Corte Suprema, que dejó firme esa sentencia al rechazar las apelaciones.
Entre los condenados del caso Vialidad se encuentra la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple con la pena de seis años que le impusieron en su domicilio de la calle San José. También fueron condenadas otras ocho personas por el histórico caso de corrupción en la obra pública de Santa Cruz.
En diciembre de 2022, el TOF 2 condenó a la expresidenta y a los restantes imputados por un esquema de corrupción estructural a través de la adjudicación irregular de 51 contratos de obra pública vial al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. Según la sentencia, Báez recibió el 86% de esas obras durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Los peritos, con participación de profesionales del Ministerio Público Fiscal, utilizaron como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, de acuerdo con las resoluciones técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Este método fue aplicado para actualizar la cifra estimada del perjuicio económico provocado por sobreprecios —calculados en un 64%—, cartelización de procesos licitatorios, pagos por obras no realizadas y precios injustificados.
El perito de parte de la ex presidenta tiene plazo hasta este viernes para presentar su dictamen.
En el fallo de segunda instancia, se determinó que “se trata de un grave hecho de corrupción sin precedentes, cometido desde la primera línea del Estado Nacional. El mismo señala que Cristina Kirchner encabezó un esquema sistemático de desvío de fondos públicos, priorizando intereses particulares por sobre los del Estado.
El beneficio económico obtenido por los involucrados fue calificado como “financiero, incuantificable y absolutamente contrario al interés público”.
Los otros ocho condenados en la causa Vialidad son: Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
¿Qué pasa si no pagan?
Luego de que el Tribunal, presidido por el juez Jorge Gorini, analice el informe pericial y determine los montos en cada caso, se intimará a los condenados a depositar la cifra correspondiente en un plazo de diez días. En caso de incumplimiento, se procederá a la ejecución de bienes embargados. Para ello, ya se avanza en la actualización de los embargos dictados durante la instrucción de la causa, incluyendo propiedades, cuentas bancarias, acciones de empresas y vehículos.
El fiscal Diego Luciani, que intervino en el caso, subrayó que la ejecución del decomiso es de “particular relevancia”, dado el “daño social inconmensurable y sin precedentes” causado por la maniobra defraudatoria. Además, elevó un informe detallado de 40 páginas con los bienes detectados bajo titularidad de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y del empresario Lázaro Báez, entre otros.
En el caso de la ex vicepresidenta, se solicitó que se mantenga el embargo sobre fondos en una caja de seguridad y cuentas bancarias, además de los 25 inmuebles cedidos a sus hijos en 2016 y el valor actualizado de las acciones de Hotesur S.A., Los Sauces S.A. y COMA S.A.
Báez, por su parte, posee más de 130 propiedades, la mayoría en Santa Cruz, además del paquete accionario de constructoras como Austral Construcciones.
De acuerdo con la Ley 23.853 y una acordada de la Corte Suprema, el dinero decomisado pasará a formar parte del presupuesto del Poder Judicial. No obstante, los fiscales Luciani y Sergio Mola insistieron durante el proceso en que se le dé un destino social: “Debe resarcirse de manera integral el grave daño ocasionado por la defraudación colosal que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y un particular llevaron a cabo en perjuicio del Estado”.
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