Mientras gremios kirchneristas presionan por un paro general, la conducción de la central sindical analiza una presencia testimonial en la movilización convocada para el miércoles.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, que condenaron y ahora deberán ejecutar la pena contra Cristina Kirchner, quieren endurecer las condiciones de detención de la expresidenta y no descartan negarle la prisión domiciliaria.

La ejecución de la pena de Cristina está a cargo del juez Jorge Gorini, presidente del TOF 2, que había anunciado que la semana próxima se tomaría una licencia, pero finalmente lo postergó y se quedará para resolver la situación de la presidenta del PJ el próximo miércoles. Fuentes de los tribunales explicaron a LPO que igualmente las medidas están acordadas con los otros integrantes del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Un dato no menor es que los tres integrantes del Tribunal arrastran viejos rencores con el kirchnerismo, al que acusan de haberlos espiado ilegalmente y filtrado datos personales, entre otras presiones.

La ex presidenta presentará una medida cautelar ante el organismo internacional, basándose en el precedente del mandatario colombiano Gustavo Petro, mientras avanza su pedido de prisión domiciliaria sin tobillera electrónica.

La ley de partidos políticos establece que no podrán ejercer cargos partidarios quienes tengan una condena de inhabilitación

En una decisión de alto impacto político y judicial, la Corte Suprema dejó firmes las condenas en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, al rechazar por mayoría los recursos de apelación planteados por los condenados, entre ellos, el empresario Lázaro Báez. Para resolverlo, debió sortear dos conjueces que se sumaron al tribunal. El fallo lleva la firma de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, y los conjueces Mariano Lozano y Ramón Luis González, mientras que el juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

El tribunal oral que intervino en el caso deberá resolver ahora cuáles de las condenas son de cumplimiento efectivo y ordenar las detenciones que correspondan. En el caso de Baéz, ya se encuentra cumpliendo arresto domiciliario con tobillera electrónica.

Esta causa puede ser un antecedente de peso para determinar qué decisión puede tomar la Corte Suprema en la causa “Vialidad”, en la que está condenada a seis años de prisión Cristina Kirchner, junto a otros acusados. El resultado de ese fallo tendrá un impacto directo en las aspiraciones políticas de la expresidenta, ya que la impediría postularse como candidata a diputada si se confirma antes de agosto.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó este viernes que eliminará gran parte de las restricciones del cepo al dólar para las personas humanas y que avanzará en un esquema de banda cambiaria, cuyos límites se moverán al 1% mensual, entre $1.000 y $1.400, a partir del próximo lunes. Habrá un régimen diferenciado entre “flujos y stocks” para las personas jurídicas.

La medida fue anunciada en el marco del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 20.000 millones, de los cuales llegarán de inmediato USD 12.000 millones según comunicó el BCRA y tal como había anticipado Infobae. El Gobierno espera recibir este año hasta USD 21.300 millones entre el giro del FMI, préstamos de bancos privados con la autoridad monetaria y organismos internacionales.

También se eliminará el llamado “dólar blend”, que implicaba menor acumulación de reservas para mantener la brecha cambiaria a raya, y el parking para la tenencia de títulos públicos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló en conferencia de prensa que el acuerdo “va a permitir a partir del lunes terminar con el cepo cambiario, que tanto daño ha hecho y que se puso en 2019 y afecta el normal funcionamiento de la economía”.

Fin del cepo y nueva política para personas humanas y jurídicas

Una de las modificaciones centrales es la eliminación de las restricciones cambiarias para las personas humanas. Ya no existirá el límite de USD 200 mensuales ni los impedimentos vinculados con subsidios, asistencia durante la pandemia o empleo público. Además, se elimina la llamada “restricción cruzada”, permitiendo operar simultáneamente en el mercado oficial y financiero durante una ventana de tiempo. La percepción impositiva por la compra de moneda extranjera también se eliminará, salvo para consumos en el exterior o vinculados al turismo.

Los números que se maneja en los despachos oficiales arrojan que, tras los desembolsos de los organismos multilaterales, contarán con dólares en exceso para respaldar los pesos en circulación. Las dudas respecto al esquema cambiario.

La defensa de la exmandataria presentó un recurso de queja ante el máximo tribunal para que se revise la sentencia a 6 años de prisión. En paralelo, el fiscal Mario Villar solicitará un incremento de la pena a 12 años.

Un hombre fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Mar del Plata acusado de producir y distribuir contenido de abuso sexual infantil. Según las autoridades, habría montado un estudio de producción de pornografía en la parte trasera de su vivienda, ubicada en la calle Ituzaingó al 4600. Las víctimas serían dos menores de edad allegadas a su familia.

La regulación publicada este viernes en el Boletín oficial elimina a los intermediarios y a los denominados “sellos de goma”. Los beneficiarios contarán con 60 días para elegir a dónde van a destinar sus aportes para la salud

Lo hizo con la publicación de una nueva disposición en el Boletín Oficial que corrige parte del texto original del 13 de mayo. Desde hace más de seis meses, los argentinos no podían autorizar un conductor adicional porque el sistema no estaba habilitado

El Gobierno redujo la planta estatal en 33.291 personas desde que asumió en diciembre, según los datos que brindó esta mañana el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de su cuenta en la red social X.

“La única manera sustentable de bajar la carga de impuestos es bajando el gasto público. Todo el equipo del presidente Javier Milei trabaja para ello. Acá el gráfico (foto de arriba) con la variación en la planta de empleados públicos actualizada a septiembre”, escribió el funcionario a quien el jefe de Estado encargó la tarea de achicar al sector público, para conseguir lo más rápido posible el equilibrio de las cuentas fiscales, en su intento de reencauzar los números deficitarios de la economía doméstica.

En ese gráfico se puede apreciar como, mes tras mes, los puestos en el Estado se redujeron; de esa cifra, de acuerdo al ministro, 20.026 pertenecen a la administración centralizada y descentralizada, otros 2.251 al personal militar y de las fuerzas de Seguridad y 11.014 a empresas del Estado.

Los mayores recortes se produjeron al comienzo de la gestión: en enero se desvinculó a 7.607 personas y en abril fueron 7.000 agentes menos, entre los que se incluyen ceses de contratos, retiros voluntarios y jubilaciones.

En diciembre, el Gobierno decidió cancelar los contratos de quienes habían ingresado a la administración pública durante el mandato de Alberto Fernández y establecer renovaciones solamente por tres meses. Así, en abril y en julio se registra la mayor cantidad de egresos, mientras que en septiembre (hasta donde llega el gráfico que publicó Sturzenegger) la disminución fue sensiblemente menor.

A los pocos días de asumir, Milei había explicitado que su idea era desprenderse de 70 mil integrantes de la planta estatal. “No sólo que se redujeron a la mitad la cantidad de ministerios; eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, la obra pública, los contratos. No solamente eso, sino que una de las cosas que nosotros sabíamos era que el programa iba a generar tensión social y, también, una caída de la actividad”, aseguró el mandatario nacional en un discurso que realizó en el mes de junio, durante un acto que se realizó en Parque Norte.

El mecanismo lo puso en marcha el primer jefe de Gabinete de la gestión mileísta, Nicolás Posse, y lo continuó el actual jefe de Gabinete y antes ministro del Interior, Guillermo Francos. En cada área del Gobierno se hizo una revisión del personal a su cargo y luego les acercaron el listado de aquellos trabajadores a los cuales decidieron que no se les iban a renovar el contrato.

Casi no hubo áreas en las que no se produjeran desplazamientos. A la reducción de ministerios -solamente quedaron ocho, incluyendo el recientemente creado de Sturzenegger, quien no tuvo cartera hasta principios de julio- se le sumó la eliminación de organismos como el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), y la política de recortar en otras dependencias como el Conicet, el INCAA, la Coneau, el INCUCAI, el ENACOM, la ANMAT y el INTA, que en un principio estuvieron en la lista de la Ley Bases entre los que eran pasibles de ser privatizados. También el cambio de denominación en otros como la AFIP, que pasó a denominarse Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que contempla la reducción de cargos jerárquicos que alcanzarían a más de 3.000 empleados.