El máximo tribunal reanudó la investigación sobre presuntas irregularidades en el acuerdo de pago de deuda entre el Estado Nacional y Correo Argentino, empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por dos directivos del Grupo Macri en el marco de la causa penal conocida como "Correo Argentino", en la que se investigan presuntas irregularidades en el acuerdo de pago de deuda entre el Estado Nacional y Correo Argentino S.A., empresa controlada por SOCMA, la firma de la familia del ex presidente Mauricio Macri.
El máximo tribunal rechazó un planteo de recusación contra los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, integrantes de la Cámara Federal porteña, a quienes los acusados señalaban por supuesta falta de imparcialidad.
Los imputados, Jaime Cibils Robirosa (presidente de Correo Argentino S.A.) y su abogado Jaime Kleidermacher, habían intentado apartar a ambos camaristas alegando "temor de parcialidad". La defensa argumentó que Farah fue uno de los jueces desplazados de su cargo en 2018 tras excarcelar a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, denunciando presiones del gobierno de Macri. En cuanto a Boico, lo objetaron por haber sido abogado defensor de funcionarios kirchneristas, incluida Cristina Fernández de Kirchner, antes de asumir como juez.
El planteo fue rechazado primero por la Cámara Federal, luego por la Cámara de Casación Penal, en una resolución del juez Javier Carbajo, quien sostuvo que no se acreditó un temor fundado de parcialidad. Finalmente, la Corte Suprema, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el recurso de queja por tratarse de una decisión que no reviste carácter de sentencia definitiva ni equiparable.
La causa:
La causa penal tramita desde 2017 en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo. Investiga un acuerdo firmado en 2016 entre el Ministerio de Comunicaciones, entonces encabezado por Oscar Aguad, y la empresa Correo Argentino S.A. para cancelar una millonaria deuda en el marco del proceso concursal.
El pacto preveía una quita del 98,87% de la deuda con el Estado. La maniobra fue detectada por la fiscala Gabriela Boquin, quien la calificó de "ruinosa y abusiva" y logró frenar su homologación.
Además de Cibils Robirosa y Kleidermacher, también están imputados en la causa Oscar Aguad y el ex director de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa.
Con este nuevo revés judicial, la investigación sigue su curso, con el foco puesto en un posible perjuicio millonario contra el Estado en beneficio de una empresa vinculada al entonces presidente de la Nación.
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